La interrupción de la vida urbana en La Paz por las protestas que tiñen de luto al país y la mantienen sitiada apagan cada día más el ánimo de la sociedad paceña, donde las clases pudientes comienzan a sentir el temor de los pobres a que falte el pan en la mesa.
Ya son nueve días desde que la vecina población de El Alto, mitad centro industrial, mitad ciudad dormitorio, inició un paro indefinido de actividades que bloqueó las salidas y entradas de viajeros y productos a la urbe paceña.
El agresivo recurso, que hasta ahora ha costado la vida de 76 personas en la represión policial y militar, ha convertido a La Paz en un espejismo de esa pintoresca ciudad, llena de contrastes y posibilidades, de la que se vanaglorian sus ciudadanos.
Por las accidentadas calles de la localidad, las cumbres nevadas de la cordillera andina son testigo de las largas filas que realizan vecinos de toda clase y condición ante cualquier comercio que ose abrir sus puertas.
En las zonas deprimidas, el objetivo es poder comprar algo para llevarse a la boca. En las más adineradas, acaparar el mayor volumen posible de bienes para llenar su despensa en previsión de tiempos peores.
La vendedora Jackeline Contreras, como muchos comerciantes del barrio de Sopocachi, abre su tienda durante medio día y se mantiene alerta por temor a una posible reprimenda de los manifestantes por no secundar el paro ciudadano.
“Otros atienden con la puerta medio abierta”, afirma, y admite que, aunque ha subido los precios para sacar algún beneficio, su verdadero objetivo es “que no se pasen algunos productos” perecederos.
En los mercados populares de la ladera oeste de la ciudad, la situación es más precaria, pues a la falta de bienes ofertables se unen los saqueos de los vándalos que se camuflan entre la masa movilizada.
A escasas manzanas de la Plaza San Francisco, centro de reunión y lugar de partida de las marchas, los hostales, tiendas y agencias de viaje que satisfacen los afanes aventureros de los turistas permanecen cerrados.
Alex Terán, regente de uno de los puntos turísticos de la calle Sagárnaga, dice que desde hace días están cancelados los tours hacia el lago Titicaca y a Tiahuanako, por el cierre de carreteras.
“Hasta hace un semana hacíamos visitas por la ciudad, pero ahora ni eso es posible”, denuncia.
A varias cuadras de allí, dos turistas estadounidenses cargados con sus maletas esperan el paso de una manifestación para dirigirse a un lujoso hotel alejado del centro.
Mike Daniel y Daniel Heck dicen “estar aislados, pero no asustados” y califican de “pacífica” y hospitalaria a la comunidad paceña.
Sin embargo, admiten, en un notable castellano, que, después de tres semanas alojados en el centro, ha llegado el momento de un cambio.
El único que parece alegrarse con la difícil situación es César Viscarra, el empleado de un local de alquiler de películas de vídeo, que abre sus puertas cuando las circunstancias son propicias.
“La televisión está pasando noticias deprimentes. La única forma de pasar una tarde amena es ver un vídeo”, indica, y aclara que con la actual coyuntura “el nivel de alquiler en un día normal se está triplicando. Y eso que abrimos de 10 de la mañana a 6 de la tarde”, añade.
Ajenos a esta situación, decenas de miles de manifestantes de El Alto y de otras regiones, los más acostumbrados a este mundo de escasez y penurias, marchan por la avenida principal del centro de La Paz.
Pese a que no provocan incidentes, sus semblantes muestran el odio y la ira hacia el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, al que acusan de las muertes de sus compañeros.

Juntas vecinales ‘gobiernan’ en El Alto

Al menos 500 de los 562 presidentes de las ‘juntas vecinales’, estructuras de organización básica urbana y suburbana en los nueve distritos municipales de esta ciudad de unos 700.000 habitantes, se han hecho cargo del ‘gobierno’ en los nueve días del paro indefinido.
La estructura jerárquica de este tipo de organizaciones es como sigue: La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) tiene un presidente y un grupo de 20 dirigentes en varias carteras y con representación proporcional de los nueve distritos.
Luego vienen los representantes distritales (9) que coordinan con las juntas de base. Luego están los 562 presidentes de juntas vecinales, que es la estructura básica y que, por ahora (hace diez días) tienen en sus manos el poder en la ciudad de El Alto.
Las casetas policiales fueron literalmente arrasadas en varias zonas por lo que la policía está más ausente que antes. Los efectivos militares que permanecían en la avenida 6 de Marzo (carretera a Oruro) se retiraron el mismo lunes.
Hasta ahora se han producido saqueos en Pepsi, explotó una estación de servicio distribuidora de gasolina y cuatro puentes peatonales que cruzan la avenida Juan Pablo II (camino a la frontera con Perú) fueron derribados y ahora se convirtieron en otra forma contundente de bloqueo. Esto ocurrió a la altura de la Universidad Pública de El Alto, creada por presión social en septiembre de 2000.
Son nueve días de “paro cívico-vecinal movilizado” y en El Alto no se mueve un solo vehículo, excepto los de la red de emergencias de salud. Los comercios no están abiertos y la gente sale de vez en cuando para ver cómo están los bloqueos y ver si requieren algo.